El 80% de los que se jubilaron este año lo hicieron sin aportar lo correspondiente

Ocho de cada diez jubilaciones otorgadas este año por la Anses fueron para personas que no reunieron los 30 años de aportes que exige la ley previsional. Según datos del organismo, de los 328.735 beneficios jubilatorios dados de alta hasta septiembre, 258.497 tuvieron planes de moratoria, en tanto que solo 70.238, es decir, el 21% del total, fue para quienes sí lograron cumplir con la condición referida a la cantidad de contribuciones.

Los datos son un reflejo de la crisis social y de los elevados niveles de fragilidad y precariedad del mercado laboral de la Argentina. Y son también una señal de alerta, que está encendida ya hace años, respecto de los riesgos para la sostenibilidad de los pagos del sistema.

De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), el monto asignado por el Estado a las prestaciones fue, en los primeros nueve meses del año, un 4,3% más bajo que el de igual período de 2022.

Las jubilaciones con moratoria son la mayor parte de las otorgadas cada año al menos desde 2010. En 2015, año electoral, llegaron a tener una participación de 87% entre las altas.

Del total de las jubilaciones hoy en curso de pago, el 66,2% tuvo moratoria. Se trata, según datos a septiembre, de 3.588.898 prestaciones. En el caso de las pensiones, la incidencia es menor, de 30%. Y, si se suman las jubilaciones y pensiones (7.056.507 en total), 58% tuvo moratoria.

Desde hace casi dos décadas rigen diferentes programas para jubilarse por la excepción a la regla, ingresando a planes de pago de una deuda que se declara tener con el Estado. En 2016 fue aprobada una ley que pretendió ir hacia el fin de las moratorias, y que creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), a la que se accede sin aportes o con pocos aportes, con 65 años de edad, con una prestación equivalente al 80% del haber mínimo.

Este año, se puso en marcha otro plan: el de la ley 27.705, aprobada a fines de febrero, que dispone un mecanismo de compra de aportes. Cada período mensual tiene un precio y la adquisición provoca que se contabilice una deuda de la persona con el Estado. Si se cumplen ciertos requisitos, esa deuda no se paga de manera efectiva, sino que se le otorga al solicitante su haber mensual, del cual se descuenta un monto en hasta 120 meses. Si, por tener altos ingresos o un elevado patrimonio, no se pasa el examen socioeconómico, igualmente se otorga la posibilidad de obtener la jubilación, pero el monto declarado como deuda debe abonarse de una sola vez. Pueden comprarse aportes por meses comprendidos entre el momento en que se cumplieron 18 años de edad y diciembre de 2008. Para las mujeres rige el beneficio de poder contar entre uno y tres años de aportes por hijo.

Los períodos que se suman por este plan, del que no se previó cómo compensar los costos, sirven para completar el requisito de contribuciones, pero no inciden en el cálculo de la prestación si es que hubo aportes. Por eso, no necesariamente cobra la mínima.