El juez Argibay ordenó a Natalia Neme y Felicitas Scaraffía, no usar fondos nacionales para el pago de subsidios

El Juez Federal Sebastián Argibay, resolvió hoy ampliar la medida cautelar solicitada por el José Bernardo Herrera, denunciante  de la causa por utilización de fondos públicos con fines electorales, y ordenar al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, en la persona de la Delegada de la Agencia Territorial local, doctora Felicitas Scaraffia, y a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), en las esferas nacionales y sus respectivas delegaciones en el orden local, en la persona de la Jefa de la Udai Santiago del Estero, Natalia Neme, se abstengan de disponer de los fondos correspondientes al pago de subsidios dispuestos por dichos organismos, en cumplimiento de la Resolución N° 1177 y/o cualquier otro pago o hecho que pudiera estar direccionado a la modificación de la voluntad de los electores en el ámbito de la Provincia, hasta el acto eleccionario del 27 de octubre y/o eventualmente del acto eleccionario de balotaje.

Fuentes calificadas del Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Argibay, indicaron que esta nueva resolución del juez responde a una petición de la fiscal federal general Indiana Garzón. Esto, a raíz de que el denunciante, el abogado Bernardo Herrera, manifestó que no se habría estado cumpliendo con la suspensión del otorgamiento de subsidios a desempleados que había determinado el juzgado de Argibay en una medida cautelar, ya que se seguiría ofreciendo estos subsidios de $ 5.000 a través de sitios oficiales.

“Hay dos cuestiones que preocupan, una es la pureza o la no intromisión bajo ningún aspecto en lo que es la emisión del sufragio. Hay un derecho de todos los ciudadanos, de respetar la genuina voluntad del electorado. Si hay un acto que conspira contra ello, la ley electoral pena un delito que sea una actitud que atente contra cualquier manera pretendiendo alterar esa voluntad del sufragio”, indicaron las fuentes.

Las mismas indicaron que hay una denuncia penal que formula el Dr. Bernardo Herrera, contra Natalia Neme, gerente de la Anses local, dos funcionarios que trabajan en la Anses y que solicita en el marco de esa denuncia penal una medida cautelar de indisposición de todo lo que ese subsidio de $5000 que el gobierno a través de Anses ofrece a desempleados, que es la resolución 1177 de la Secretaría de la Producción y de Trabajo a nivel nacional porque entiende el Dr. Herrera que sería utilizado ese subsidio con fines electoralistas.

Desde la Justicia Federal, señalaron que además de la denuncia de Herrera en el orden local, en el orden nacional ante la jueza María Servini los apoderados del partido Justicialista también hicieron una presentación donde la titular del Juzgado en lo Criminal y Electoral N° 1 (Servini). Detallaron que dicha jueza, la semana pasada dictó una orden de restricción de orden preventiva, dirigida al ministro de Producción y de Trabajo (Dante Sica) y al secretario de Empleo de la Nación (Fernando Premoli), para que se abstengan de disponer esos fondos hasta pasadas las elecciones generales previstas para el 27 de octubre. Por lo tanto, se suspendió la ejecución de este plan de contingencia, para evitar que pudiera ser usado con fines electorales.

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Las fuentes indicaron que las resoluciones de Servini a nivel nacional, como la del Sebastián Argibay, que tienen fecha las dos el 18 de octubre, fueron debidamente notificadas. En el caso de la resolución del Dr. Argibay, a la jefa de la Udai local Anses, Natalia Neme; y a la delegación local del Ministerio de Trabajo, a cargo de Felicitas Scaraffía.

Sin embargo, este lunes volvió a presentarse el Dr. Herrera para hacer una ampliación de la denuncia penal, “porque acompaña extractos de numerosos sitios web y del propio sitio web de la Anses, donde se promocionarían este tipo de subsidios pese a haber una suspensión de dicho subsidio por el tema de la veda electoral, para preservar la genuina expresión de voluntad del votante. No se habría hecho caso a la medida. Ante ello, la fiscal federal, Indiana Garzón, que es la que interviene en este caso, hizo una presentación ampliatoria de la anterior, donde pide al juez Argibay, para que intime a la Anses y a la delegación del Ministerio de Trabajo, para que dé cumplimiento a la medida ordenada esa fecha del 18 de octubre”, apuntaron las fuentes judiciales.

Con motivo de la presentación de la fiscal Garzón, donde señala que no se estaría cumpliendo con la medida dispuesta, Argibay dictó una nueva resolución que tiene fecha 21 de octubre, donde amplía la medida cautelar ordenada oportunamente y ordena que se abstengan de disponer de esos fondos de pago de subsidio u otro hecho que podría estar direccionado a modificar la voluntad del electorado. Al mismo tiempo, pidió la difusión en medios para evitar que se genere confusión en el electorado.

Desde el Juzgado recalcaron que la ejecución de esos subsidios está suspendida hasta que ocurra la elección del 27 de octubre o bien, esa suspensión se extendería hasta el 24 de noviembre si hubiera un eventual balotaje.