Una entidad del sector de salud interpuso amparo contra bono

En Córdoba, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Aclisa) presentó una acción de amparo en contra del Estado por el DNU que estableció el pago de un bono de hasta $24.000 para trabajadores del sector privado. Además, solicitó una medida cautelar para que el DNU no se aplique para la entidad y no tengan que pagar el bono.

El escrito fue presentado por el estudio Escuti e interviene el Juzgado Federal N°1 de Córdoba. Sostiene que el decreto sería inconstitucional ya que el poder ejecutivo "carece de facultades para legislar en la materia referida". Además, señala que tiene "su génesis en cuestiones ajenas a las descriptas en el propio texto, muy probablemente políticas y relacionadas con la impericia del propio Estado en materia económica".

También considera que no existe la urgencia e imprevisibilidad requerida, además de que implicaría "una grave lesión a los derechos y garantías constitucionales, tanto de orden nacional como provincial y sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación que se encuentra el sector de la sanidad".

"Es decir, existe no solo un severo agravio económico, de carácter enorme, que por su notoriedad y arbitrariedad que conspira contra la más elemental noción de seguridad jurídica, entendida esta en el contexto jurídico de un Estado de Derecho sino además, una imposibilidad material de afrontar el pago inconstitucionalmente decretado", argumentó la entidad.

Asimismo, en el escrito solicitan que, hasta tanto se resuelva la acción, se suspenda la aplicación del decreto respecto de Aclisa y se notifique al Poder Ejecutivo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba.

Aclisa nuclea a la mayoría de las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Córdoba y sus asociados dan prestaciones de salud de todo tipo.

Como se recordará, días atrás, las distintas cámaras prestadoras de salud del sector privado de todo el país, elevaron un escrito a las ministras nacionales de Salud, Carla Vizzotti; y de Trabajo, Kelly Olmos, manifestando la imposibilidad de poder pagar el bono decretado por Nación para los trabajadores registrados y con salarios netos inferiores a los $185.859. En ese sentido, las entidades señalaron que sólo podrían hacer frente al pago con un financiamiento del Estado.