Libran orden de captura nacional e internacional por desaparición de ganado en la provincia

Por denuncia formalizada ante la fiscal Dra. Victoria Sottini, del Ministerio Público Fiscal, por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, estafa y hurto -que superaría el valor de $150 millones- se llevaron a cabo allanamientos en la provincia de Córdoba contra la firma Oleos del Centro (ODC), con sede en Jesús María, propiedad de Luis Alejandro Magliano -conocido cabañero bovino e integrante de importantes grupos empresariales, quien además en enero de este año renunció a la presidencia de la Sociedad Rural de Jesús María.

La denuncia surge a comienzos de año por parte de la firma Haciendas San Eugenio SA, con domicilio legal en la Capital Federal, quien denunció la desaparición de 3530 cabezas de hacienda, destinadas a nuestra provincia mediante un acuerdo jurídico-comercial con el denunciado por el servicio de hotelería y engorde de ganado bovino a corral, a realizarse en campos de las localidades de Weisburd y Campo Gallo, en los departamentos Moreno y Alberdi, respectivamente.

Según trascendió, desde OCD habrían informado a principio de año al denunciante que el ganado de su propiedad ya no se encontraba en los campos destinados al servicio y que, además, habría sido vendido para afrontar una supuesta “situación económica apremiante”, sin autorización alguna de la empresa propietaria de la hacienda, lo que produjo la denuncia.

En el marco de la causa, la Justicia actuó en primer lugar realizando constataciones de los campos del denunciado con la presencia de personal policial. Además, se tomaron declaraciones testimoniales y se dio aviso a diferentes reparticiones: Afip, Senasa Santiago del estero, Senasa de Quimilí, Senasa Buenos Aires, Banco Credicoop, Banco Galicia, Banco Nación, Banco hipotecario.

Asimismo, se procedió al allanamiento de tres domicilios del denunciado, donde se secuestraron elementos que pueden aportar a la investigación.

Finalmente, se libró una orden de captura nacional e internacional contra los implicados en el caso para garantizar la defensa de los denunciantes.