Servini pidió precisiones a Sica sobre subsidios

La jueza federal con competencia electoral en Buenos Aires, María Servini, solicitó al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que informe si antes que ella lo prohibiera el 17 de octubre último, se entregaron subsidios a desocupados.

Fuentes judiciales indicaron que la magistrada ordenó que la cartera a cargo de Sica explicite si antes de aquella fecha “se pagó algún subsidio creado por Resolución 1.177”, y “en su caso, haga saber cantidad, montos erogados, distritos de residencia de los beneficiarios y procedimiento mediante el cual se efectuó el pago”.

Así lo hizo en un oficio dirigido al ministro, donde Servini pide que se le informen “los criterios utilizados por dicha dependencia para asignar y distribuir subsidios” creados por esa resolución y “su procedimiento para el pago” y que “en su caso, acompañe copias de las planillas confeccionadas para solicitar ese beneficio”.

Esta medida se produce en el marco de la causa iniciada por el Frente de Todos que, a través de sus apoderados Jorge Landau y Gerónimo Ustarroz, denunció que la resolución permitía infringir el artículo 139 inciso b del Código Electoral de la Nación, que sanciona a quien compeliera a un elector a votar de manera determinada.

Algo más de una semana antes de las elecciones del 27 de octubre último, la jueza había prohibido al Gobierno nacional que disponga de fondos para pagar esos subsidios hasta después de esos comicios en los que se consagró la fórmula del Frente de Todos integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández.

La medida cautelar por la que se dispuso aquella prohibición incluía no solo los subsidios creados por la Resolución 1.177 sino “cualquier otra erogación que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los electores” en los comicios del 27 de octubre.

Los apoderados del Frente de Todos habían expuesto que la resolución cuestionada consiste en un “plan social” para unos 114.000 desocupados, con subsidios de 5.000 pesos durante tres meses por “única vez”, para personas mayores de 18 años que no percibieran otros ingresos vía prestaciones sociales o previsionales.

Los denunciantes afirmaron que, con un presupuesto de 570.000.000 pesos, los subsidios tenían como “objeto oculto” condicionar a quienes resultaran beneficiarios del mismo.

Como se recordará, en Santiago del Estero el abogado Bernardo Herrera denunció que se habrían otorgado estos subsidios en el interior con el fin de orientar los votos de los electores. Es por ello que el Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, a cargo de Sebastián Argibay, ordenó a la Anses y a la delegación del Ministerio de Producción, no disponer de esos fondos hasta tanto finalicen las elecciones.